La escalada de los acontecimientos en Cataluña que parece no tener fin,  ha desembocado en una fase política  en la que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, recientemente destituido tras la aplicación del artículo 155,   vería con muy buenos ojos un dialogo que debería ser  encauzado y guiado por mediadores. El sector soberanista,  con  Carles Puigdemont al frente, ha solicitado en innumerables ocasiones mediadores,  preferiblemente internacionales,  que ayuden a resolver las grandes desavenencias con el gobierno central. Esa repetida petición ha provocado un aluvión de ofrecimientos incesante, partidos políticos,  la Iglesia catalana, Organizaciones sindicales, Asociaciones de todo tipo o incluso algunas que rozan el surrealismo,  como la del Futbol Club Barcelona, todas ellas  han sido protagonistas en los medios de comunicación, otras han sido más discretas y no se han hecho públicas, seguramente las más serias y sinceras . La  gran duda que surge ante esta petición de parte del bloque soberanista,  es si la actual situación que parece haber dado paso ya,  al  famoso “choque de trenes”,  es un campo de cultivo  ideal para una mediación con los requisitos mínimos y exigibles  que toda mediación o arbitraje debe tener,  o por el contrario,   este conflicto se debe resolver por otras vías,  que no incluyan la presencia de mediadores.

 La mediación por definición,  se tiene que producir dentro del imperio de la ley. Un paso previo  lógico y obvio  es que ambas partes se sometan a la legislación vigente y acaten sin ningún género de dudas el marco legislativo, pero si como sucede en este caso,  una de las partes no reconoce las normas básicas de convivencia vigentes y fomenta una nueva que choca frontalmente con la Constitución Española o el Estatut de Cataluña, es muy difícil que una mediación pueda surtir efecto y facilitar algún tipo de acuerdo. La premisa básica para poder producirse esta,  es que ambas partes se reconozcan mutuamente dentro del ordenamiento jurídico vigente, la aprobación de la  llamada “ley de transitoriedad” o  de la  D.U.I.,   chocan frontalmente con la legislación tanto española como catalana e incluso  con la necesaria en toda democracia, separación de poderes, imposibilitando en la practica  el éxito de cualquier intento de mediación.

 A la hora de buscar un solución, quizás el primer paso a realizar podría ser  que uno varios intermediarios (sin estar sujetos a los principios básicos que rigen la labor de un mediador cualificado) consiguieran que tanto el Gobierno Central como los partidos soberanistas,   acordaran las normas básicas que deberían regir un posible diálogo o negociación. El paso más complicado antes incluso de que se pueda dialogar,  es que ambas partes estén dispuestas a reunirse y desde luego someterse a la legislación vigente, por lo que parece más labor para un intermediario que abra vías de comunicación  antes que para un mediador, por las especiales características que debe tener una mediación y que son  de sobras conocidas por todos nosotros.

 Es cierto que existen numerosos precedentes de mediaciones internacionales en conflictos de  todo tipo en las que están involucrados gobiernos, pero en  la práctica totalidad de ellas se desarrollaron en países o territorios subdesarrollados,  con conflictos armados de distintos tipos, nunca  entre gobiernos legalmente constituidos con unas leyes claras, dentro del propio país o de la propia Unión Europea como es el caso de España. Nuestro país cuenta con una democracia muy consolidada, es  miembro de pleno derecho de la Unión Europea o la OTAN,  o  recientemente ha sido nombrado como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,  con el apoyo explícito de 180 países. España no es equiparable bajo ningún criterio a territorios  donde es incluso cuestionable que se respeten los derechos humanos o muy complicado saber que legislación está vigente o que legitimidad tiene,  España siempre desde el más absoluto de los respetos,  no es equiparable en sus garantías legales a países como Sudan, Mozambique o Indonesia.

 Esperemos que el conflicto en Cataluña pueda llegar a resolverse y se produzcan los pasos previos indispensables para poder producirse un dialogo con plenas garantías, quizás en ese momento si  podría tener lugar  una  mediación adecuada y responsable en temas o aspectos muy concretos,  que ayudara a encontrar vías de solución  para un conflicto que parece enquistado  y perjudica seriamente  la pacífica convivencia en nuestro país, y que a fecha de hoy está teniendo un grave  perjuicio en nuestra  economía y se está convirtiendo en una  gran obstáculo para confirmar  las excelentes perspectivas de  crecimiento económico tanto en Cataluña como en el resto de España.

Start typing and press Enter to search