El gobierno aprobó hace apenas unas semanas,  mediante un  Real Decreto-Ley que regula la compensación equitativa por copia privada, una nueva legislación  que en la práctica significa la “vuelta al modelo del canon digital”, es decir, un cargo sobre discos duros, teléfonos móviles, ordenadores y cualquier otro soporte para el almacenamiento de datos,  utilizando métodos digitales.

 A la espera de convertirse en definitivas,  las “tarifas” que marca el nuevo Real Decreto-Ley establece unos importes de 21 céntimos de euro por DVD vírgenes, 1,10 euros por Smartphone o 3,15 euros por cada Tablet, unas cantidades que en principio deberán repercutir  directamente en los bolsillos de fabricantes y distribuidores de estos productos.  Según ADEPI (Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual) estas cifras quedan todavía muy lejos de los impuestos aplicados en otros países de nuestro entorno, así por ejemplo según esta Asociación,  en Francia, productos idénticos a los aquí regulados llevan consigo unos recargos que pueden llegar a la cifra de 8 euros, las asociaciones de consumidores sin embargo se han mostrado totalmente contrarias a la vuelta a este mecanismo de recaudación.

 El nuevo modelo implantado representa una vuelta al pasado,  con un fondo casi calcado al utilizado en la época de Rodríguez Zapatero  en el gobierno,  en la que se gravaban los soportes y aparatos digitales para compensar a los autores por las grandes pérdidas ocasionadas tanto por la piratería como por las copias privadas. Recordar que el modelo hasta ahora vigente cargaba estas pérdidas a los Presupuestos Generales del Estado, un modo de operar que ha recibido varios reveses judiciales tanto  por parte  del Tribunal Supremo como por parte  de los tribunales de Justicia europeos.

 Desde el gobierno y muy especialmente desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de su cabeza visible,  el ministro Iñigo Méndez de Vigo, se hace hincapié en que este Real Decreto-Ley busca ser un arma más en la lucha contra la piratería, llenar un vacío legal existente  y además premiar el talento de los autores españoles. Desde el Ministerio se insiste en que estas medidas van en contra de la piratería y nunca contra las copias privadas de los particulares. Esta nueva legislación  busca según el gobierno,  en la medida de lo posible, reparar el tremendo daño causado por la piratería a artistas, autores o productores españoles, especialmente acentuada en los últimos años.

 Queda por resolver la incógnita de cómo lo usuarios evitaran  que el recargo que según la ley debe recaer sobre distribuidores y fabricantes,  no caiga finalmente sobre ellos. Parece ser que la nueva ley establece que esta compensación figure  de forma separada en la factura que se entregue al cliente, para que dado el caso, el cliente si es el consumidor final del producto, pueda tener derecho al reembolso,  situación que se antoja muy complicada de poner en práctica.

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